Hasta el 26 de mayo se extendió el plazo para la Declaración del Sostenedor que convoca a establecimientos públicos como privados.

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Hasta el 26 de mayo se extendió el plazo para la Declaración del Sostenedor que convoca a establecimientos públicos como privados.

Hasta el 26 de mayo se extendió el plazo de la “Declaración del Sostenedor 2021-2022”, proceso declarativo obligatorio que, a partir del año pasado, convoca a todos los sostenedores de establecimientos con Reconocimiento Oficial del país, reciban o no subvención del Estado.

A través de este proceso, los sostenedores de establecimientos educacionales pueden declarar información relativa a su estructura, composición de su administración superior, conformación legal e infraestructura, gestión pedagógica, así como la gestión y funcionamiento de los establecimientos administrados.

La ejecución de este proceso permite cumplir con las exigencias de probidad y transparencia, así como el resguardo de bienes jurídicos y derechos fundamentales de los integrantes de las comunidades educativas, tales como la salud y seguridad en el contexto escolar. Entre dichas obligaciones se incluye el gasto en remuneraciones de los directivos y el listado actualizado de estos últimos, la nómina de Agencias de Asistencia Técnica Educativa que postularon a licitaciones, el pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales y la acreditación de idoneidad de docentes y asistentes de la educación.

La Declaración del Sostenedor es un medio eficiente que colabora en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la entrega de información a la Superintendencia de Educación por parte de los sostenedores, acción relevante dada la actual situación de pandemia por Covid-19, en cuyo contexto y con la idea de dar continuidad a sus procesos de fiscalización, muchos de estos se han realizado de manera remota.

Con la información recabada es posible mantener actualizados los procesos de fiscalización, capacitación, acompañamiento y las oportunidades de mejora de los sostenedores, además de colaborar para que estos últimos cumplan con los requerimientos contenidos en diversos cuerpos normativos como la Ley 20.370 General de Educación y la 20.845 de Inclusión Escolar.